Artistas de todo el país pasaron la víspera del cambio de año manifestando. En todo el país hubo movilizaciones, asambleas, concentraciones en plazas y expresiones musicales en contra de los puntos de la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei, que desfinancian la cultura e incluyen la supresión de organismos nacionales con presencia federal.
Una de las instituciones que desaparecería si se aprueba la norma es el Fondo Nacional de las Artes (FNA), que el sábado fue destinataria de un abrazo solidario de cientos de personas que marcharon a su sede central en la Capital Federal. Entre las más reconocidas estaban Marta Minujín y Luis Felipe Noé, artistas plásticos reconocidos mundialmente que reivindicaron la importancia del FNA para fomentar la creación en el país. La concentración luego se dirigió al Instituto Nacional de Teatro (INT), otra entidad en peligro de desaparecer, cuyas oficinas están en el edificio del porteño teatro Regina.
La disputa también se desarrolla intensamente en las redes sociales, donde uno de los debates gira alrededor del origen de los recursos para financiar el FNA. En ese sentido, hay una campaña de esclarecimiento para precisar ante la opinión pública que los aportes salen del impuesto al derecho público pagante (DPP), que es el pago del permiso de uso de la propiedad intelectual de obras que están en dominio público (venció ya el período de beneficio de los herederos e ingresan directamente al FNA). La sospecha es que el Gobierno quiere hacerse de ese dinero para las arcas centrales en vez de que sigan teniendo una afectación especial, pero si cae la ley de creación de la entidad, entraría en debate también la subsistencia del DPP.
Los miembros del directorio del FNA (Alicia Santaló, Lidia Borda, Jorge Maestro, Gachi Prieto, Daniel Becker, Ignacio Hernáiz y Claudio Golombek, entre otros, referentes de las distintas disciplinas que atiende el organismo) publicaron un documento en contra de la iniciativa oficial.
“La propuesta de eliminar el FNA no tiene nada que ver con el liberalismo. ¿O acaso el arte y el pensamiento no son pilares fundamentales del desarrollo y la identidad de un país libre?”, preguntaron los firmantes, quienes llamaron a la comunidad a defender la institución y “a todos los legisladores a impedir que su eliminación sea un hecho”.
“La Argentina es un país destacado en todo el continente por la riqueza de su cultura y el nivel de sus artistas. Y el Fondo siempre ha contribuido a dinamizar el sector y reconocer su importancia en la vida de nuestra sociedad, brindando apoyos con total transparencia y pluralismo. El gasto público no puede ser un argumento para eliminarlo, ya que tiene una estructura pequeña, de poco más de 100 trabajadores y genera presupuesto propio a través de un mecanismo virtuoso. Ningún espectador tributa ningún impuesto”, señalaron.
Sobre este ítem, profundizaron que la eliminación de FNA no generaría “ningún beneficio para la sociedad y sí, en cambio, supone un enorme perjuicio y atentado contra la cultura argentina, su historia y su patrimonio”.
“El FNA es uno de los organismos más respetados y prestigiosos del sector cultural y en esto coinciden cientos de personas de los signos políticos más diversos. Jorge Luis Borges, Discépolo, Emilio Pettoruti, Olga Orozco, Raquel Folner, María Elena Walsh, Graciela Borges, Silvina Ocampo, Antonio Berni, Ástor Piazzolla, Tita Merello, Ernesto Sábato, Beatriz Sarlo, María Fux, Alfredo Alcón, David Viñas, Luis Felipe Noé, Adolfo Aristarain, Oscar Aráiz, Charly García, Marta Minujín y sigue la lista de artistas que fueron premiados y acompañados desde el organismo. Sumamos a ellos miles de artistas y gestores que, cada año con sus becas, concursos, subsidios y préstamos, han logrado desarrollar sus proyectos, formarse o consolidar sus carreras”, resaltaron.
Entre estos últimos, recientemente hubo dos tucumanos premiados: la arquitecta Sofía Seidán, galardonada en el certamen de Artes Escénicas, Música y Artes Audiovisuales por la escenografía de la cantata “El inglés”; y estudio G Arquitectos, premio regional NOA en la categoría “Obra de rehabilitación terminada en los últimos 20 años” por el sector gastronómico de El Provincial.
“La sociedad argentina no desprecia a sus artistas; esa creencia supone un gran desconocimiento de nuestra historia e idiosincracia. (Domingo) Sarmiento creía que el arte era el más perfecto de los actos creadores por elevar y enriquecer a las personas. (Juan Bautista) Alberdi, que amaba la música y la poesía, decía que el pueblo muere de pobreza de conocimiento. ¿Dónde está escrito que el conocimiento excluye al arte””, plantearon.
En la peatonal Mendoza al 200, una pizarra con la imagen de Miguel Frangoulis y con la leyenda “Defendamos juntos la cultura” recibe a los compradores en la librería El Griego.
Es el pronunciamiento común que levantan libreros y editoriales independientes y centrales empresarias en contra del proyecto de derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que impulsa el Gobierno nacional.
La hija y sucesora del fundador de ese espacio, punto de encuentro intelectual de la provincia, Carolina Frangoulis, resumió en su cuenta en Facebook el origen de la idea. “Eran las 18.30 del sábado 30 de diciembre. Casi no había gente en la calle. Todo aquello que sabíamos que pasaba un día como hoy había dejado de pasar. Inquieta dije ‘hagamos algo, demos la pelea y le hagamos, también, un homenaje a mi papá’. Somos un equipo raro, pero somos la mejor versión de los libreros de este Tucumán, con el desafío amoroso y complejo de no rendirnos a pesar de los embates”, escribió.
La norma que se quiere suprimir integra la Ley Ómnibus en tratamiento parlamentario y su aprobación implicaría la caída del precio uniforme de venta al público de libros, que actualmente es fijado por las editoriales como “precio de tapa” y que debe ser respetado por todas las librerías (salvo promociones especiales puntuales). Sin este valor obligatorio de referencia, el mercado podría rápidamente concentrarse en las grandes cadenas y desaparecerían los comercios medianos y pequeños.
Por este motivo, la reacción unánime, desde la Fundación del Libro hasta la recientemente creada Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI, que se formalizó una semana antes de la presentación de la megaley derogatoria), bajo la consigna de “trabajar fortaleciendo, revalorando y resignificando su papel fundamental para el conjunto del ecosistema librero presente y futuro en la Argentina” y con el propósito de gestionar ante el Gobierno “políticas de fortalecimiento” del sector.